Satisfacción en la industria y el sector agrario por una medida que venían reclamando los ganaderos y empresas lecheras de Asturias.
Los productos lácteos que se comercialicen en España a partir del 22 de enero deberán incorporar en su etiquetado la identificación obligatoria del país de procedencia de la leche y, cuando no sea exclusivamente española, deberá precisarse tanto el país de ordeño como el de transformación, según un real decreto aprobado ayer por el Consejo de Ministros.
La iniciativa, que fue bien recibida tanto por la industria láctea española y asturiana como por las organizaciones agrarias, la justificó el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación en aras de satisfacer la demanda del consumidor, que "valora la transparencia y la información de origen de los alimentos que consume".
El esfuerzo de clarificación puede tener un efecto sobre las ventas y favorecer el impulso de la producción autóctona, sobre todo en un país como España en el que el consumo de la leche y sus derivados (unos 9 millones de toneladas anuales) ha sido inferior a la producción que la Unión Europea permitió al país (6,1 millones de toneladas) mientras estuvieron vigentes, hasta el 1 de abril de 2015, las cuotas lácteas.
Desde entonces, la producción nacional ha seguido una tendencia ascendente, pese a lo cual persiste el déficit en la balanza comercial lechera española, sobre todo por la importación de derivados lácteos -que por su mayor precio y valor añadido absorbe mejor los costes del transporte- más que de leche líquida.
Aunque el déficit externo se ha ido reduciendo -incluso antes de la desaparición de los cuotas- tanto por una caída de las entradas como por un aumento de la exportación, las importaciones (casi 878.000 toneladas) más que doblaban en 2015 a las ventas de productos nacionales en el exterior (algo más de 418.000 toneladas), según el último informe de la Organización Interprofesional Láctea (Inlac).
Otros países productores, como Francia, Portugal e Italia, ya adoptaron hace años una medida análoga a la aprobada ayer por el Consejo de Ministros, por lo que su aplicación en España reequilibra una situación que hasta ahora era asimétrica. El modelo español se asemeja mucho al francés, dijeron medios del sector.
Los antecedentes existentes en la UE permitieron constatar la caída de importaciones en los países de destino que impusieron la obligación de identificar la procedencia, lo que fue causa de quejas entre los elaboradores y los ganaderos exportadores de Bélgica y Alemania.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia advirtió por ello en un informe no vinculante que la exhibición obligatoria del país de origen de la leche que se venda en España podría reducir la competencia y desvirtuar el mercado. La justificación de la medida por el Gobierno se basa en el derecho del consumidor a una información precisa, clara y fidedigna.
Algunas compañías lácteas, como la asturiana Capsa, que produce las marcas Central Lechera Asturias, Larsa y Ato, había propugnado en algunos foros la conveniencia de obligar a adoptar "etiquetas claras", en las que se haga constar de forma nítida la procedencia de los lácteos y los ingredientes. Un portavoz de Capsa declaró ayer que estaban muy satisfechos con el real decreto aprobado, mientras que la patronal sectorial (Fenil) aplazó su valoración hasta la lectura del texto íntegro de la norma una vez que se publique el "Boletín Oficial del Estado", lo que podría ocurrir hoy.
Quizá por las cautelas señaladas por las autoridades de la Competencia, el anterior Gobierno, del PP, pactó en febrero de 2013 con 15 industrias lácteas y 9 empresas de distribución un amago de lo que ahora se ha aprobado, consistente en un sello de calidad, denominado Producto Lácteos Sostenible (PLS). Este marchamo aparece aún hoy impreso en los envases y etiquetas de aquellos productos elaborados por España, que garanticen su trazabilidad y que se acojan a los contratos de suministro de leche cruda en España que contribuyan a la "sostenibilidad del sector". Para respaldarlo se elaboró un sistema de control. Sin embargo, el acrónimo PLS resultó ser muy poco nítido para los consumidores y fuentes de la industria admitieron ayer que no había dado el resultado pretendido.
La decisión adoptada ahora constituye un hito porque, según el Ministerio, es la primera vez que se regula en España el etiquetado de origen obligatorio de un producto alimenticio "por iniciativa propia y sin que constituya un mandato de la normativa europea". El Reglamento de la Unión Europea sobre información al consumidor, y en particular sobre el etiquetado de alimentos, es voluntario para cada país.
La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA) se congratularon por la decisión porque "aporta transparencia".
Fuente: lne.es
